La noticia podría ser buena, si con ello no se hubiera debilitado aún más a las instituciones guatemaltecas que se dedican a la protección de la reserva de la biosfera Maya. Además, detrás se esconden fuertes intereses económicos, y un megaproyecto turístico que afectaría gravemente el bosque tropical más importante de Guatemala. Un análisis del Acuerdo muestra que el rumbo que se ha tomado para la conservación de la reserva de la biosfera Maya es errático.
El pasado 23 de abril, el presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, acordó crear el Sistema Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural, para proteger conjuntos arquitectónicos prehispánicos dentro de la reserva de la biosfera Maya. Mediante el Acuerdo Gubernativo 129-2002, el presidente, además, declaró un amplio sector de la reserva, al que denomina Cuenca del Mirador, como Zona Arqueológica Especial.
Teóricamente, el Acuerdo debería ayudar a la lucha en contra de la depredación arqueológica que está sufriendo la reserva. Pero al presidente se le olvidó algo importante: antes del Acuerdo Gubernativo ya existían instituciones encargadas de este cometido. El Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), ambos con varias décadas de vida, fueron hasta el 23 de abril del 2002 las encargadas de la protección del patrimonio arqueológico de la reserva. Desde la publicación del Acuerdo Gubernativo 129-2002, un ente sin forma, sin regulaciones y sin historia, el Sistema Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural, es quien se va a hacer cargo de evitar lo que ni el IDAEH ni el CONAP han logrado totalmente en su larga vida.
El Acuerdo Gubernativo no especifica quién conforma el Sistema, cómo va a funcionar, qué presupuesto va a tener, ni qué programas específicos va a desarrollar. Además, deja abiertas las puertas para que este ente amorfo cree normas para la protección del patrimonio cultural de la reserva Maya, aún cuando las regulaciones necesarias para proteger y penalizar la depredación arqueológica ya existen desde hace años. La decisión presidencial sorprende, además, porque crea confusión sobre las atribuciones que va a tener el Sistema Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural, y la forma en que se va a coordinar con el IDAEH y el CONAP.
Pero esta medida del presidente Portillo no sólo es una muestra de decisiones inermes. Detrás se esconden los intereses de un grupo de arqueólogos, y la fundación de una de las familias más poderosas de Guatemala. En marzo del 2001, Richard Hansen, arqueólogo de la universidad de California, presentó su proyecto Cuenca del Mirador. Con la pretensión de proteger la llamada Cuenca del Mirador -coincidentemente la misma que declara el Acuerdo Gubernativo- de la depredación arqueológica, el proyecto dirigido por Hansen planteaba la desregulación del bloque este del parque nacional el Mirador-Río Azul, la construcción de un helipuerto en el parque nacional -prohibido por la Ley de Áreas Protegidas-, y la puesta en práctica de un proyecto de promoción turística, que llevaría más de cien mil personas al año a uno de los bosques prístinos más valiosos de Guatemala.
La oposición a aquél plan no se hizo esperar. CONAP lo refutó, tomando en cuenta las recomendaciones de ParksWatch y otras instituciones, ya que de llevarse a cabo se correría un gran riesgo de acelerar la destrucción de la reserva de la biosfera Maya. Algo más de un año después, el Acuerdo Gubernativo aprobado en abril vuelve a sacar a la luz el proyecto. Richard Hansen, con el patrocinio de la Fundación Novella, han logrado que el presidente Portillo, sin tomar en cuenta ni a las instituciones del Estado ni la legislación guatemalteca, acuerde crear lo que los expertos desaconsejaron.
Las reacciones no se han hecho esperar. Comunidades de Petén, en una inusual alianza con industriales de la madera, presentaron el 22 de mayo una recurso de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Gubernativo 129-2002. Los comunitarios de Petén y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas han vuelto a solicitar la participación de ParksWatch, con el fin de que el presidente de marcha atrás en su decisión. La última palabra está ahora en manos de la Corte de Constitucionalidad, del presidente, y de la sociedad civil, que deberá de nuevo tomar medidas para proteger la reserva de la biosfera Maya de proyectos que no toman en cuenta su valor ecológico.
ParksWatch: Junio del 2002